Por Fernanda Martins
La decisión de denunciar la violencia doméstica y buscar ayuda puede tardar meses, años o décadas en tomarse. No solo se necesita coraje para que una mujer abandone una relación abusiva, sino también condiciones materiales y apoyo para hacerlo. Para las mujeres negras, de minorías y migrantes, huir de sus agresores es un desafío en muchos sentidos. Algunas de ellas no tienen acceso a un teléfono para denunciar el comportamiento controlador que sufren, otras no se sienten seguras de comunicarse con las autoridades en un segundo idioma, a otras se les impide trabajar, siguen siendo económicamente dependientes y algunos de ellas son amenazadas con su estatus migratorio. Todos estos son ejemplos reales que surgieron de nuestras entrevistas en profundidad para la iniciativa Mujeres contra la Falta de Vivienda y el Abuso (WAHA, por sus siglas en inglés ‘Women Against Homelessness and Abuse’). A lo largo de los años, LAWA ha ofrecido apoyo holístico al comprender la complejidad de los obstáculos que enfrentan estas mujeres en su viaje para escapar de la violencia doméstica.
Para las mujeres negras y de minorías, desafortunadamente hablar no significa el fin de sus luchas. Con frecuencia, a las mujeres denuncian que no se les cree, se les discrimina y se las criminaliza aún más al tratar con la policía. Al denunciar sus experiencias traumáticas, es imperativo que la policía desempeñe un papel de apoyo para las sobrevivientes, de manera no discriminatoria y sin causar más daño emocional. Los casos de Lúcia y Carla demuestran con más detalle la interacción de dos mujeres latinoamericanas con las autoridades.
Lucía es una uruguaya de 36 años que llegó al Reino Unido en 2018 con su pareja de toda la vida. Durante años, sufrió diversas formas de abuso, incluidos abusos sexuales, psicológicos, acoso en línea y acecho. Ella viajó a su país de origen para escapar de esta relación abusiva, pero el perpetrador reclamó que ella secuestró a su hijo. Lucia tuvo que regresar al Reino Unido y se puso en contacto con LAWA para dar los primeros pasos hacia la búsqueda de un alojamiento seguro y la protección de su hijo. Su caso fue clasificado como de alto riesgo y LAWA apoyó a Lucía en la obtención de una orden de no acoso. Mujeres como Lucia a menudo denuncian esta experiencia ante las autoridades como traumática. Durante este proceso, tuvo que repetir su historia varias veces, siendo desacreditada y juzgada por buscar ayuda del gobierno, y cuestionada por no regresar a su país de origen.
«Tuve que contar mi historia muchas veces, lo que pasé, no fue una experiencia agradable, fue traumatizante y humillante. Ahora puedo hablar de cosas, pero en ese momento era extremadamente difícil. Tienen que tomarse la situación más en serio; esto (la violencia doméstica) debe ser visto con «otros ojos».
Carla es colombiana de 29 años, lesbiana y madre de una niña de 4 años. Llegó al Reino Unido con un visado como esposa de su pajera británica. Durante la relación, sufrió abuso verbal y físico, uso de su estatus de inmigrante para ejercer control, violencia sexual, aislamiento impuesto, abuso emocional y psicológico. Durante años, Carla vivió con miedo a las constantes amenazas e intimidaciones y, por lo tanto, decidió iniciar el divorcio. Se puso en contacto con LAWA en busca de ayuda con el proceso de divorcio y custodia de sus hijos, así como para solicitar vivienda y ayudas del gobierno(‘benefits’ en inglés). Su caso también fue clasificado como de alto riesgo y recibió apoyo para presentar una solicitud de destitución por violencia doméstica (DDV, por sus siglas en inglés). Con respecto a las veces que necesitó contar con la ayuda de la policía, dice:
«Ellos (la policía) responden de una manera fría y revictimizante, cuestionando la veracidad de mi historia».
Aunque se ha designado a un oficial de la Policía Metropolitana como punto de contacto, ella dice que la comunicación con este oficial ha sido inconsistente y periódica. Carla revela que percibe ser tratada de manera diferente, lo que puede estar relacionado con sus características físicas, su nacionalidad y su forma de vestir.
La falta de sensibilidad y de formación especializada por parte de la policía y los servicios jurídicos a la hora de tratar a las víctimas de la violencia contra las mujeres y las niñas significa que las mujeres migrantes como Lucia y Carla se enfrentan a un enfoque discriminatorio antes de recibir apoyo.
A pesar del largo y traumático proceso, ambas continuaron en su camino hacia la recuperación. Carla se mudó a uno de los refugios de LAWA durante 8 meses. Ambas mujeres recibieron apoyo con una solicitud de situación de calle a su municipalidad y actualmente viven en alojamientos temporales. Se les ayudó a obtener un visado independiente de los perpetradores y a acceder a beneficios. Lucia volvió a trabajar como ayudante de profesora, mientras que Carla está empezando la universidad y aspira a convertirse en cantante profesional.
Lucia y Carla son mujeres reales que merecen ser tratadas con respeto e igualdad por parte de las autoridades. Reflexionando sobre este tema, recomendamos que la policía reciba una capacitación integral y obligatoria sobre cómo responder adecuadamente a los casos de mujeres negras y de minorías sometidas a violencia. En nuestro Briefing de Políticas y Prácticas recopilamos extensas reflexiones y recomendaciones, siendo una de ellas la introducción a la Ley de Valerie. Esta propuesta dirigida a la fuerza policial del Reino Unido define la capacitación obligatoria en competencia cultural en torno a los matices y barreras culturales, coloquialismos, idiomas y costumbres que conforman las diversas comunidades negras y minoritarias del país.
Otras acciones importantes para mejorar los servicios a nuestra comunidad son identificar y proporcionar información accesible a las sobrevivientes negras y minoritarias que no tienen hogar o están amenazadas de quedarse sin hogar. La derivación a servicios especializados y refugios, así como la provisión de traductores calificados que sean objetivos e imparciales en su trabajo, son algunos ejemplos de cómo la policía puede prevenir la revictimización de las sobrevivientes.
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